Regular el juego online en Argentina no es sencillo. Con un sistema federal donde cada provincia dicta sus propias normas, el resultado es un mosaico de 24 jurisdicciones distintas y pocas herramientas de coordinación nacional. Para Tomás García Botta 
, abogado especializado en gaming, este escenario plantea retos urgentes: desde la confusión del público para distinguir entre operadores legales e ilegales, hasta la creciente influencia de las redes sociales en la captación de menores.
“Hoy la gente no sabe qué es legal y qué no. La diferencia es clara: los sitios autorizados terminan en .bet.ar, los ilegales no. Pero la mayoría no lo distingue”, advirtió García Botta en diálogo con Gambling Insider.
Publicidad de apuestas con varios logos y mensajes que muestran la confusión regulatoria en Argentina.
En Argentina cada provincia maneja sus requisitos y las casas de apuestas deben adaptarse a esas regulaciones. Durante el último Mundial de Clubes, un mismo anuncio mostró tres logos regulatorios y tres mensajes de juego responsable distintos, porque cada jurisdicción exige formatos diferentes.
Eso, por lógica, genera que no sea posible -sin acudir a ardides tecnológicos-, por ejemplo, entrar a un sitio habilitado en la Capital del país desde la Provincia de Buenos Aires, y viceversa. De ahí que las plataformas ilegales ocupen gran parte del mercado.
Influencers y el acceso de menores
Un estudio de ALEA (Asociación de Loterías Estatales de Argentina) reveló que los menores llegan al juego online principalmente a través de Influencers. En ese sentido, García Botta explicó: «Los influencers tienen que elegir de qué lado están. Promocionar lo ilegal pone en riesgo su reputación y la de sus otros clientes”. Además, su libertad: la Justicia persigue esta práctica y sancionó a varios personajes mediáticos que publicitaban estos sitios, obligpándolos a emitir mensajes en contra de lo que habían promocionado.
Las buenas prácticas internacionales también influyen: la publicidad debe mostrar el juego como entretenimiento, reforzar el mensaje de responsabilidad y ofrecer canales de ayuda ante problemas de adicción o impacto económico.
El desafío de combatir la ilegalidad
El gran problema, según Botta, es que el debate político que, dice, se concentra en el 10% del mercado regulado, mientras el 90% opera en la clandestinidad, sin controles de edad, sin pagar impuestos y sin validar datos.
Entre las soluciones que propone están:
- Otorgar a ENACOM herramientas de bloqueo administrativo dinámico contra sitios ilegales.
- Coordinar con ALEA para identificar rápidamente plataformas no autorizadas.
- Homogeneizar los mensajes de juego responsable para evitar la confusión actual.
El camino, asegura, no pasa por el Congreso Nacional -que solo puede legislar en materia penal- sino por acuerdos interprovinciales y mayor coordinación institucional.
