En un intento por frenar las consecuencias que podría tener el recorte de deducciones fiscales en el poker, la senadora Catherine Cortez Masto presentó en el Senado una moción para avanzar con la FAIR BET Act. La propuesta había sido impulsada por la representante Dina Titus , conocida por su defensa del juego legal en Nevada, y contaba con apoyo bipartidista. Sin embargo, el senador republicano Todd Young se opuso, lo que frenó temporalmente su avance.

La FAIR BET Act (siglas en inglés de “Ley de Tributación Justa sobre Ganancias Derivadas de Apuestas”) busca revertir uno de los cambios más controvertidos de la reforma fiscal impulsada por el expresidente Donald Trump bajo el nombre de “One Big Beautiful Bill”. Esta reforma, ya vigente, reduce del 100% al 90% la posibilidad de deducir pérdidas de juego frente a ganancias, lo que en la práctica significa que los jugadores tributarán por dinero que no ganaron.

Dina Titus congresista por el distrito que incluye a Las Vegas impulsora de la FAIR BET Act.

Una amenaza real para el poker profesional

La reforma afecta directamente a quienes viven del poker, tanto en vivo como online, ya que distorsiona la realidad económica de quienes asumen grandes riesgos y variabilidad en sus ingresos. Para ponerlo en perspectiva: si un jugador gana $100.000 pero también pierde $100.000, según la nueva ley deberá pagar impuestos sobre $10.000 que nunca llegaron a su bolsillo.

“Muchos congresistas ni siquiera sabían que esa cláusula estaba en el proyecto”, afirmó Cortez Masto a la Associated Press, en alusión a las más de mil páginas que componen el documento completo. A pesar del respaldo de varios sectores, el camino legislativo se complica y la medida quedó, por ahora, en pausa.

¿Qué impacto tendría no aprobar la FAIR BET Act?

La comunidad del poker ya se está pronunciando. Uno de los primeros en levantar la voz fue el profesional Doug Polk , quien advirtió que esta medida “podría hacer que menos personas puedan jugar, se genere menos dinero en el ecosistema y que más jugadores recurran a opciones ilegales o se muden al extranjero”.

La Oficina de Presupuesto del Congreso estima que este ajuste podría significar $1.100 millones de ingresos fiscales adicionales en los próximos ocho años. Sin embargo, el costo social y económico para la industria del juego podría ser mucho mayor.

El Congreso aún debe debatir la FAIR BET Act en ambas cámaras. Mientras tanto, la comunidad del poker sigue atenta. Lo que está en juego no es solo una deducción fiscal: es la viabilidad de todo un sector profesional.